Para lograr competitividad justa es necesario fortalecer los competentes que arropa la competitividad según el informe Nacional de competitividad 2013-2014 del Consejo Privado los ajustes que se deben priorizar están en los ejes de educación, salud,pensiones, mercado laboral, ciencia, tecnología e innovación, infraestructura, transporte y logística y Tics.
La competitividad requiere el aporte del estado, empresas, academia, sector privado, gremios, entidades y apoyo internacional. La gran mayoría generadoras de empleo en el país son las pequeñas y medianas empresas el porcentaje ronda el 80%. Las micros y pequeñas empresas caminan en el limite entre la formalidad y la informalidad teniendo en cuenta que para este tipo de empresas los dolores de cabeza inician con la consecución de todos los requisitos exigidos que son engorrosos y otros muy costosos los cuales empiezan a menos cavar el espíritu empresarial, superado el primer obstáculo, la naciente empresa llega a un muro escabroso la alta carga tributaria que recae sobre las empresas, como si no fuera poco las Pymes se acorralan con los altos porcentajes de parafiscales todo esto a nivel interno. La globalidad de la economía es otro factor que las Pymes todavía no están preparadas cuando se hace la comparación con la empresas extranjeras en cuanto inteligencia competitiva, tecnología, sistemas de calidad, innovación, logística, infraestructura y mercadeo, estos cuellos de de botella desembocan en el cierre de nacientes empresas como lo indica la Cámara de Comercio de Bogotá.
Las alternativas de las Pymes para lograr competitividad justa estaría enmarcada, en reducir la tributación sobre las utilidades y patrimonio, disminuir al máximo los parafiscales , una política clara sobre los tratados que firma Colombia porque un país desarrollado siempre tiene ventaja sobre el subdesarrollado, los TLC demuestran que la balanza comercial es negativa afectando los verdaderos motores de generación de empleo que son las Pymes.
Integración entre bienestar y competitividad
Como punto de partida para establecer las relaciones las teorías de la competitividad en contextos globales y la normatividad, para lograr desde las empresas colombianas una competitividad nacional con justicia social, se hace necesario considerar como punto de partida la integración entre bienestar y competitividad en primera instancia. En este sentido, La Competitividad está vinculada a la capacidad de conseguir bienestar para los habitantes de una región y ésta es determinada fundamentalmente por el nivel de productividad, (Porter, 1996).
Lo anterior se hace evidente en el concepto que la competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento. En particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica, donde la importancia de esas condiciones es vital y que a través de una política de competitividad debe promover un entorno macroeconómico sano y estable, sino que los complementa, y permite potenciar el efecto de éstos sobre el crecimiento. Para lo cual, el estado interviene por lo menos regulando en la provisión de bienes públicos que juegan el papel de insumos de producción para mejorar la productividad y competitividad de las firmas colombianas, en la promoción de alianzas productivas público-privadas, y el fomento de la dimensión regional de la competitividad, (CONPES, 2008) dejan como evidencia, que el bienestar se encuentra asociado e interrelacionado con el bienestar.
En consecuencia, la competitividad tiene una relación directa el bienestar, en la medida que se logre un desarrollo productivo y competitivo, se logra una mejor calidad de vida de la población, que no solamente incluye el posicionamiento de los países, sino también de las regiones y las ciudades. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). Para lo tanto, las teorías de la competitividad en contextos globales y la normatividad, para lograr desde las empresas colombianas una competitividad nacional con justicia social, se pueden integrar por medio de las siguientes vías:
Integración entre los diferentes autores para Promover e incentivar el desarrollo económico para la competitividad desde la seguridad jurídica
Por medio de la integración entre el sector socio–privado y la academia se debe garantizar, velar, difundir y asegurar que la seguridad jurídica, se encuentre presente en las diferentes relaciones de los actores comprometidos en la competitividad , entendida esta es la suma de certeza, legalidad,jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de las normas no favorables e interdicción de la arbitrariedad, que, en su conjunto, permite promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, donde el estado a partir de las expresiones y presiones de los estos garantice el desarrollo de la actividad empresarial, caracterizada por la legítima búsqueda de un rendimiento económico adecuado y su sostenibilidad a largo plazo, eliminado, así la incompatibilidad con la incertidumbre que producen las estructuras legales poco o confusamente definidas y con la inseguridad derivada de regulaciones que no alcanzan a cubrir jurídicamente las situaciones y contingencias habituales que pueden darse en el ámbito de las operaciones comerciales. Por esta razón, no cabe duda de que el desarrollo económico de cualquier país depende directamente de su sistema jurídico, pues únicamente contando con un marco normativo adecuado se puede crear una base sólida para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos. (Vives, 2013).
El desarrollo de políticas publicas
Como se estableció anteriormente el estado interviene por lo menos regulando las relaciones económicas, en este sentido, en asocio con lo demás actores del sistema económico, a través de formulación de políticas públicas en sus diferentes niveles han empezado a implementar mecanismos de desarrollo económico a la luz de los temas que enmarcan los procesos de globalización, articulando factores sociales y culturales con estructuras económicas y financieras, bajo un esquema de RED.
En este sentido, la política publica que se construya en acuerdo y conceso de todos actores ( académicos, gremios y entidades del estado) para la implementación de políticas de competitividad en mercados globales, debe presentar e incluir acciones que eliminen notables deficiencias, asociadas con los tratados de libre comercio, legislaciones que no reconocen la inclusión, propias de un estado social de derecho, asi como regular efectos socialmente no deseables asociados con la disminución de los salarios reales, al desmantelamiento de los sistemas de protección social, al incremento del desempleo, junto con la precarización de las ocupaciones y el deterioro de las condiciones de trabajo. En la ideología dominante esto se considera indispensable para ser competitivos (Chonchol, 1998)
